Investigación
Integración socioeconómica
Colombia y Costa Rica se han vuelto dos destinos para miles de migrantes expulsados por las crisis en Venezuela y Nicaragua. La travesía no termina al cruzar la frontera.
Ilustración: WIL HUERTAS
Colombia y Costa Rica se han vuelto dos destinos para miles de migrantes de la región expulsados por las crisis en Venezuela y Nicaragua. La travesía de estos migrantes no termina al cruzar la frontera. Muchos han llegado a asentamientos informales en las grandes ciudades, donde sufren nuevas exclusiones. ¿Cómo es recomponer la vida en un nuevo país?
Ofelia Escoto y Denni Enrique Rosendo saben que las migraciones no terminan con el cruce de las fronteras. Ella es nicaragüense y él venezolano. Ella tiene 47 años y él 36. No se conocen, pero tienen una historia común: un día, hace varios años, cada uno abandonó su hogar, viajó en bus durante horas hasta una frontera, se internó en una trocha y cruzó un río hacia otro país. Ofelia llegó a Costa Rica hace treinta años y Denni cruzó a Colombia hace cinco.
Desde entonces, ambos se han enfrentado a la burocracia y a las barreras para que sus derechos sean reconocidos en los países a los que migraron. Saben cuánto esfuerzo hay detrás de una visa, un título de propiedad, un pasaporte: un trazo sobre un papel que reconozca su derecho de buscar un lugar propio en un país ajeno.
“Las migraciones en América Latina no se reducen a los desplazamientos hacia Estados Unidos”, explica Gustavo Gatica, investigador experto en movilidad humana del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de Costa Rica.
En muchos casos, como hicieron Ofelia y Denni, los migrantes no cruzan océanos o continentes: solo atraviesan la frontera que tienen más cerca. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay 14 millones de migrantes que viven en países de América Latina y el Caribe. De estos, 11 millones provienen de los propios países de la región.
Colombia y Costa Rica han concentrado gran parte de esta migración intrarregional. Principalmente, por ser vecinos de Venezuela y Nicaragua, dos países afectados por crisis económicas, políticas y violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, que han obligado a miles de personas a migrar y a buscar refugio.
Solo en Colombia, se han instalado más de 2,8 millones de venezolanos en menos de una década, lo que lo convierte en el tercer país en el mundo que ha recibido más refugiados, según Naciones Unidas. En Costa Rica, aproximadamente un 10 % de los habitantes del país son migrantes, en su mayoría nicaragüenses.
Es un fenómeno que no puede contarse sin una mirada urbana. Las ciudades son el punto de llegada para el 60 % de los refugiados internacionales en el mundo, y también lo fueron para Denni y Ofelia. Ambos llegaron a barrios informales en los bordes de la ciudad de San José, en Costa Rica, y Medellín, en Colombia; aquellos que reciben a miles que no tienen otro lugar para vivir.
Denni Enrique piensa en su vida como si fuera un viaje en curso, cuya fecha de inicio recuerda con precisión: el 8 de diciembre de 2007, en Caracas, murió su madre adoptiva. Él tenía 17 años. “Ahí empezó mi travesía”, dice.
Era un punto de partida complicado: había abandonado el colegio, ya estaba casado, y su esposa, Lily, estaba embarazada de su primer hijo. Su único punto a favor, en ese momento, era que tenía un oficio. Lo encontró mientras conquistaba a Lily: ella trabajaba en una panadería en Caracas, propiedad de una familia amiga de la de Denni. Él fingió interés en los panes y las galletas como una excusa para estar cerca de ella. Aprendió a amasar y a hornear, con un especial talento para las recetas dulces, mientras ingeniaba formas para invitarla a salir.
En 2015, Denni se mudó con su familia a su ciudad natal, Maracaibo, y se enlistó en el ejército con la expectativa de ganar más dinero. No lo consiguió. En cambio, sufrió junto a su familia el deterioro económico de Venezuela, la escasez de comida, la falta de medicamentos y el colapso social que en los siguientes años expulsó a más de 7,8 millones de personas: casi un tercio de los habitantes del país. Los amigos de Denni están dispersos por el continente: uno en República Dominicana, otro en Panamá y varios en Colombia.
En 2020, después de retirarse del ejército, Denni decidió seguir su ejemplo e irse de Venezuela con su familia. Para entonces, ésta se había multiplicado. Eran seis personas, pronto siete: él, su esposa Lily, un niño de 13, una de 12, dos gemelas de apenas dos años, y la bebé que esperaban con Lily.
Denni vendió todo lo que pudo: neveras, televisores, ollas de cocina. Reunió 140 dólares para el trayecto. Solo los pasajes de bus hasta la frontera costaron 90 dólares, y Denni se gastó otros 30 en los sobornos a policías venezolanos en las paradas en medio de la carretera.
Cuando llegaron a San Antonio de Táchira, no les alcanzaba para pagar un guía a través de la trocha. Caminaron solos en la oscuridad: seis siluetas que se abrían paso en la noche en busca de la ribera del río Táchira. Los niños tropezaban con las raíces de los árboles, las gemelas se alternaban entre los brazos cansados de sus padres, y Lily apenas tenía energía para caminar con siete meses de embarazo, después de días sin comer bien. Era casi la medianoche cuando llegaron a las canoas para cruzar el río. Denni entregó el dinero que les quedaba, subieron y desembarcaron en Cúcuta sin una sola moneda en los bolsillos.
Era el 17 de diciembre de 2020. Denni tiene buena memoria. Asocia sus recuerdos con fechas precisas. Recuerda, por ejemplo, que el 5 de enero de 2021, mientras estaban en un albergue para migrantes en Cúcuta, hizo su primera solicitud para ser reconocidos como refugiados en Colombia. Lo hizo con la expectativa de obtener una visa para residir en el país, y acceder a derechos como salud, educación para sus hijos y contratos de trabajo formales para él.
Talía Basmagi, abogada y profesora del programa de Protección Internacional de la Universidad de Antioquia, explica que el refugio es un tipo de protección especial para personas obligadas a dejar sus países, expulsadas por persecuciones o violaciones de derechos humanos. Desde 2018, Naciones Unidas señaló que el éxodo de venezolanos no era solo un movimiento migratorio e instó a los países a reconocerlos como refugiados. Lo mismo concluyó en 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Colombia, sin embargo, se ha negado a ese camino. En su lugar, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) creó un estatuto temporal para regularizar a los venezolanos en el país. El documento principal del estatuto es el Permiso por Protección Temporal (PPT), que en la práctica les concede derechos de residencia a todos los venezolanos que hayan llegado a Colombia de forma irregular antes de febrero de 2021, pero no por eso los considera refugiados.
Cuando Denni llegó a Colombia, el PPT aún no había entrado en vigencia. Por eso decidió optar por la solicitud de refugio. Después de un mes en el albergue para migrantes en Cúcuta, él y su familia viajaron a Chocó, al otro lado del país, donde vivían la madre biológica Denni y uno de sus hermanos, que también se habían ido de Venezuela.
Allí aprendió el oficio más común en las orillas del río Quito, en Chocó: la minería de oro. Pasó algunos años perfeccionando su habilidad para distinguir los puntos brillantes entre la arena levantada por las dragas. “Me costó mucho aprender. De gustarme, no me gustaba. Pero era lo único que se podía hacer en ese pueblo”, recuerda.
Por un tiempo, creyeron que su tránsito había terminado, que habían encontrado un lugar fijo para vivir. Permanecieron allí por dos años, hasta que en mayo de 2023 un grupo armado secuestró al hermano de Denni, que también trabajaba como minero. Unos días después, a Denni le llegó una videollamada desde el celular de su hermano. Eran los integrantes del grupo armado. Le dijeron que él y el resto de venezolanos del pueblo tenían un mes para irse de allí. De lo contrario, los amenazó con reclutar a sus hijos.
Hasta hoy, Denni no sabe si su hermano sigue vivo. Decidió desplazarse con su familia a Medellín, la capital de Antioquia. Repitió en orden los pasos del desplazamiento: tomó un bus, pasó horas en la oscuridad incierta del viaje por carretera, se bajó junto a su familia en una ciudad desconocida sin nada de dinero, volvió a vivir en un albergue, y una mañana, otra vez, salió a la calle en busca de un trabajo y un hogar fijo.
Buscó casas en arriendo en la zona plana de la ciudad, en la base del Valle de Aburrá, pero el apoyo temporal que le dio la Alcaldía no le alcanzaba para vivir allí. Un conocido le habló del barrio Santo Domingo, en la ladera oriental de la ciudad. Denni caminó desde el centro durante horas en busca de una casa sobre la pendiente de la montaña que sí pudiera pagar.
No tuvo éxito. No encontró ningún arriendo por debajo de los 600.000 pesos colombianos (150 dólares al mes) en el barrio Santo Domingo. Entonces decidió caminar más arriba, hacia el norte. “Me fui derecho hasta el final, hasta casi el final, y ahí fue que conseguí una casa”, recuerda.
Llegó a Granizal, un barrio informal en el extremo más alto de las montañas orientales del Valle de Aburrá, en la frontera entre Medellín y Bello, un municipio vecino. Se instaló con su familia en esas calles empinadas, por las que en temporada de lluvias suelen correr las quebradas furiosas. En marzo de 2025, una avenida torrencial desplazó a más de 600 habitantes de Granizal, entre ellos Denni y su familia.
Ilustración por Wil Huertas
La Alcaldía de Bello le ofreció un subsidio de arriendo por tres meses para mudarse a otro lugar, pero con la condición de que buscara una casa en la zona plana. Durante unos días, Denni preguntó por arriendos en la parte baja del valle. Nada había cambiado. Sus empleos inestables como panadero, que duraban semanas o a veces días, no le alcanzaban para cubrir los arriendos allí abajo.
Su única opción era regresar a la montaña. Solo allí, en ese borde inestable, había encontrado un hogar fijo. “Lo hablé con mi esposa y ella lo entendió: estuvimos una semana en un refugio para los afectados y luego nos devolvimos a la casa en Granizal. Tomamos el riesgo”.
Un reporte de 2024 de la organización Habitat for Humanity advirtió que “los asentamientos informales urbanos suelen ser las zonas de la ciudad que absorben a los migrantes más vulnerables”. El informe concluye que, ante la falta de opciones, los migrantes están expuestos a vivir en contextos de violencia, segregación y falta de servicios básicos, como energía y agua. Es decir, “se alejan de riesgos conocidos, para dirigirse hacia nuevos tipos de riesgo”.